viernes, 3 de julio de 2009

Informe estima ilegal la entrega de frecuencias‏

En el informe presentado por la Comisión de Auditoría de Frecuencias de


Radio y Televisión se detectaron varias anomalías donde, presuntamente,


de forma irregular, fueron concedidas más de 190 frecuencias desde 1998,


a través del proceso de devolución-con








Foto: JOSÉ MORÁN / El Te légrafo

La mayoría de las antenas, ubicadas en el cerro del Carmen de Guayaquil, son usadas como repetidoras de señales de radio y televisión.




Comisión detecta anomalías en procedimientos del Conartel.

Antecedentes

De conformidad con la Disposición Transitoria Vigesimocuarta de la Constitución, el Presidente de la República creó la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, el pasado 20 de noviembre de 2008.


Su meta fue determinar constitucionalidad, legalidad, legitimidad y transparencia del proceso de concesión, gestión y uso de las frecuencias de radio y televisión en el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2008.





Un total de 195 frecuencias (entre estaciones de radio y televisión) fueron concesionadas, presuntamente, en forma irregular, durante el período 1999-2008 según un informe elaborado por la Comisión de Auditoría de Frecuencias, que fue presentado el pasado miércoles.

El informe revela que a partir del 22 de julio de 1999, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) autorizó 274 resoluciones, en las que se tratan casos de traspasos de frecuencias, de las cuales 133 resoluciones correspondieron al mecanismo de devolución-concesión.

Las 133 resoluciones permitieron la concesión de 195 frecuencias: 137 de estaciones FM, 44 de AM, 3 estaciones de onda corta, 10 canales de televisión y un sistema de televisión por cable.

Según el procedimiento de devolución-concesión, establecido por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) el 22 de julio de 1999, el propietario de una frecuencia que desee vender su emisora debe firmar una promesa de compra-venta de los equipos de la estación con la persona natural o jurídica que aspire a adquirir estos bienes.

Luego, mediante comunicado al Conartel, el vendedor debe expresar su voluntad de devolver la concesión al Estado y solicitar la autorización para vender los equipos.

En una primera sesión, el organismo regulador inicia el trámite de aceptación de la devolución de la frecuencia. Además, califica al posible nuevo dueño de la estación.

En una segunda reunión, el Conartel autoriza la concesión a favor del prominente comprador de los equipos. Dispone, también, que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) suscriba el contrato con el nuevo concesionario.

El informe denuncia que “aplicando el mecanismo de devolución-concesión, lo que realmente se vende es la concesión de la frecuencia, puesto que los equipos y las instalaciones no tienen capacidad operativa sin la frecuencia”.

El documento añade que “para ocultar la venta de la concesión de la frecuencia, se recurre a la argucia de exigir la presentación de una promesa de compra-venta de los equipos, sobre la base de la cual el Conartel adjudica el derecho al prominente comprador, para que reciba preferentemente la concesión de la frecuencia.

Aunque el precio pactado en la promesa de compra-venta de los equipos es uno, el valor real de la transacción es muy superior, porque se incluye el valor correspondiente al precio de la concesión”.

Los miembros de la comisión consideran a este procedimiento como ilegal e inconstitucional. En las conclusiones, señala que “las transferencias directas de frecuencias y el mecanismo de devolución-concesión contradicen el Mandato Constitucional (de 1998) establecido en el artículo 247.

El citado artículo refiere que “será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios (...). Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por el Estado o por particulares, de los medios de expresión y comunicación social”.

Como ejemplo, la Comisión cita el caso de Radio Bonita, cuyo expediente reposa en la Supertel. En este caso el concesionario Gamboa Comunicación Total Cía. Ltda., representado por Luis Gamboa Tello, establece que “sumados los valores de todos los contratos de compraventa de equipos para dicha emisora, la cifra asciende a US$ 86.052,80.

Pero el mismo Gamboa -agrega el informe- oferta Radio Bonita FM por la suma de US$ 1’800.000.

Según la Comisión, “este mecanismo es un hecho de corrupción desde el momento en que se genera una normativa, abusando del poder institucional, para beneficiar a intereses particulares en contra del Estado”.

Incluso, se añade que la corrupción se extiende más allá de quienes aprobaron la normativa, puesto que también benefició a todos los que participaron en el proceso, así como quienes se beneficiaron de la concesión y quienes se quedaron en uso y goce de la frecuencia.

Este mecanismo, a criterio de la Comisión, también fue empleado para traspasar las concesiones de personas naturales y jurídicas, ocultando así a los verdaderos concesionarios, es decir, que un concesionario (persona natural) funda una compañía (persona jurídica). Devuelve al Estado la frecuencia que está usando con el compromiso de que Conartel califique a la compañía propuesta como nuevo concesionario.

En su defensa, Gamboa desmiente todas estas acusaciones y explica que los montos presentados en el informe son erróneos. “Nosotros invertimos cerca de 250.000 dólares en equipos. En el pago al Conartel, desembolsamos cerca de 150 mil dólares, no un millón ochocientos mil dólares como se habla. Dicen que fue una venta pero eso no es cierto”.

Gamboa señaló que aparece en el informe porque, cerca de 2003, unos colegas “con muy mala fe” presentaron estas denuncias sin sustentos.

“Jamás se ha ofertado a nadie la estación, es un documento falso (...). Unos colegas con mucha mala fe presentaron este documento, pero nunca comprobaron nada”.

El radiodifusor acepta que preside la empresa que ahora maneja las frecuencias de Bonita FM. “Fue un traspaso, no una venta”, recalca.

La auditoría sostiene que hubo ciudadanos que han tenido participación pública en la política y que aparentemente se beneficiaron de este mecanismo. El informe cita, entre otros, a Luis Mejía Montesdeoca (ex diputado, ID), Roosevelt Icaza, Hólger Velasteguí, Richard Guillén Zambrano (PSC), Manuel Amílcar Mantilla, María Eugenia Lima (MPD), Jorge Montero (ex diputado, CFP).

Por Omar Jaén & Víctor Haz
Fiscal General iniciará investigaciones


El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, informó que, pese a que aún no ha llegado a sus manos el informe de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, analizará la información que al momento tiene.

Pesántez dijo que de la información publicada “hay indicios de responsabilidad penal, pues se habla de un presunto peculado. Espero que el día de hoy (ayer) me remitan el informe para analizarlo, ya que claramente se establecen indicios de que se ha cometido una infracción de carácter penal”, manifestó.

En el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos no se proporcionó ninguna información oficial.

Pero personal de la Secretaría de Estado, que pidió mantener su nombre en reserva, indicó que el Ministerio tiene conocimiento pleno del tema de las frecuencias debido a que coordinó el trabajo de investigación, que en los próximos días se entrará a una etapa de socialización del tema y para ello habrá un pronunciamiento. (PG)
Redacción Actualidad
actualidad@telegrafo.com.ec

Fuente: El Telegrafo
http://www.eltelegrafo.com.ec/temadeldia/noticia/archive/temadeldia/2009/07/03/Informe-estima-ilegal-la-entrega-de-frecuencias.aspx

via Yimber Gaviria, Noticias de la Radio
http://yimber-gaviria.blogspot.com

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