viernes, 10 de julio de 2009

Amenaza de cierre de emisoras constituye “un atentado” a la libertad de expresión‏

Moisés G. Hernández

Valencia, julio 8 (REDACTA).- “El único que tiene el derecho de cambiar la emisora o apagar el radio es el radioescucha”, sentenció Esteban Simonetti, presidente del Capítulo Carabobo de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. Minutos antes, este gremio había difundido un comunicado en el que calificó como un atentado contra la libertad de expresión la amenaza de cierre de 240 emisoras de radio.

Pero el carácter de la providencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del 3 de julio, que contempla el decomiso de los equipos y la inhabilitación por cinco años en el uso del espacio radioeléctrico debido a la falta de actualización de los datos de los concesionarios, va mucho más allá de un ordinario apagón de transmisores. Según la CVIR, la libertad de expresión “es un derecho humano fundamental cuyo ejercicio sólo puede concretarse en la medida en que existan medios de comunicación al servicio de todas las corrientes del pensamiento. Por ello, la amenaza de cierre masivo de emisoras de radio implica una violación directa a nuestra Constitución, y a los acuerdos y tratados internacionales, y así lo denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional”.

Simonetti aclaró que si bien los radiodifusores no se niegan a ser inspeccionados “porque nos debemos a Conatel”, esta última medida es “repentina”, y por tanto no ha habido tiempo suficiente para reunir todos los requerimientos, como los documentos que soportan a nombre de quién está la concesión, si la persona es natural o jurídica, y en este último caso la especificación de las personas que la componen, entre otros requisitos. Al presidente del Capítulo Carabobo de la CVIR le llama la atención que los plazos para la consignación de documentos sean más cortos que en oportunidades anteriores.

El mandato de Conatel fue precedido por otros anuncios. A mediados de mayo de este año, la comisión emitió una providencia en la que autorizó a un grupo de funcionarios para inspeccionar las empresas del sector de telecomunicaciones con el fin de verificar la instalación, operación y prestación de servicios. La medida fue dada a conocer un día después de que el presidente Hugo Chávez arremetiera contra los medios en su programa dominical. Luego, el 18 de ese mismo mes, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien también está a cargo de Conatel, advirtió que acabaría con el “latifundio radioeléctrico”, expresión que usó para referirse a la posesión de estaciones en manos de familias. Después otra decisión fue conocida a finales de mayo, cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió “la protocolización y autenticación de documentos de venta, traspaso, permuta u otros tipos de trámites relacionados con medios radioeléctricos”.

La clausura de las estaciones por su supuesta “ilegalidad” carece de fundamento, de acuerdo con la cámara que agrupa al sector, cuyos miembros “han cumplido todos los trámites exigidos por Conatel a partir del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Conatel ha reconocido los derechos, la legalidad y la legitimidad de los radiodifusores, de quienes incluso durante años ha recibido el pago de impuestos por sus actividades; ha realizado inspecciones y fiscalizaciones sin objeciones, y se ha reunido reiterada y oficialmente con los radiodifusores reconociéndolos formalmente como tales, además de haberles remitido numerosas comunicaciones escritas en su condición de operadores”.

Familias sin sustento

La CVIR agrupa a 414 emisoras AM y FM operadas por más de 300 prestadores de servicio de diferente identidad. En ello hizo énfasis Simonetti para refutar la tesis del ministro Cabello sobre el “latifundio” de las ondas hertzianas.

Si la amenaza del ministro se concreta, la CVIR calculó que 40% de las estaciones de radio saldrían del aire, lo que afectaría a más de 5 mil familias que perderán sus medios de sustento, pues el sector emplea a un numeroso personal, incluyendo alrededor de 200 periodistas y más de 1.500 productores independientes.

Simonetti precisó que de las 26 emisoras afiliadas a la cámara que transmiten en Carabobo, sólo una presentó problemas con la solicitud de Conatel, pero otra que no es miembro de la CVIR también reportó inconvenientes. El representante, sin embargo, dijo que la cámara no tiene ninguna reserva en apoyar en el procedimiento fiscalizador a las emisoras que no sean miembros.

Hasta el momento en que se redactaba esta nota no se había conocido acerca del cierre de alguna emisora. El presidente del Capítulo Carabobo de la CVIR puntualizó que medidas apresuradas como la de Conatel, no fortalecen a la industria, por lo que reiteró el llamado de la CVIR para que no se cierre ninguna estación, “sino más bien que se abran nuevos espacios que permitan el desarrollo armónico del sector en beneficio de todos los usuarios”.

Fuente:

http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a090709b06&id=t090709-b06

via Yimber Gaviria. Noticias de la Radio
http://yimber-gaviria.blogspot.com

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